Los secretos del Estado seguirán siendo secretos

 

El Gobierno de coalición que preside el socialista Pedro Sánchez ha decidido aparcar, por el momento, el proyecto de ley de Secretos Oficiales, cuya elaboración había comprometido para la presente legislatura y que vendría a sustituir la legislación franquista en esta materia vigente desde 1968.

El 23-F sigue protegido por la ley de Secretos Oficiales.

Esta decisión de marcha atrás se puso de manifiesto tras aprobar el pasado 31 de agosto por el Consejo de Ministros el Plan Anual Normativo (PAN) que recoge las medidas que el Ejecutivo tiene previsto aprobar durante el año actual, alegando que no disponían de tiempo suficiente.

El último intento de reforma de la legislación franquista se planteó a través de una proposición no de ley aprobada el pasado mes de junio por el PSOE, Unidas Podemos y los partidos independentistas. Querían desclasificar y dar a conocer “los documentos escritos, sonoros o de vídeo” relativos al intento de golpe de Estado del 23-F. Sin embargo, no hacía ni un año desde la última vez que el Congreso aprobaba tramitar una reforma de ley de estas características a propuesta del Grupo Parlamentario del PNV, en junio de 2020.

La iniciativa de los nacionalistas tenía el objetivo de establecer un período de plazos para hacer públicas estas materias, no pudiendo superar los 25 años cuando se trate de “secretas” y los diez para las denominadas “reservadas”. Con la excepción de que las “secretas” podrían ampliarse a diez años más con una prórroga excepcional dictada por el Consejo de Ministros. Los representantes del PNV llevan desde 2016 intentando que se modifique la ley de Secretos y siempre ha quedado en el cajón por decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados.

Por su parte, el Gobierno ponía en marcha el pasado mes de abril su propia reforma de Ley de Secretos Oficiales, tras descartar el texto del Grupo Vasco. Una comisión dirigida por el Ministerio de Presidencia e integrada por representantes de los ministerios Defensa, Interior y Exteriores, fue la encargada de empezar a redactar el proyecto, que ahora ha sido aparcado por las razones antes expuestas.

Aunque en línea generales el proyecto de ley del Gobierno no recogería un límite de tiempo para hacer públicos automáticamente los documentos, sino plazos diferentes sujetos a cautelas según el grado de protección y secreto de estos. Esta postura sería contraria a la pretensión de los parlamentarios del PNV que dejaría al descubierto todo el material que se guarde sobre el 23F, ya que no solo han pasado 25 años del golpe, sino los diez extra que podría ampliar el Consejo de Ministros.

Por otra parte, diversos colectivos sociales se han dirigido al Gobierno y los diferentes partidos para que la futura legislación sobre secretos oficiales no excluya temas tan polémicos como la acción de los terroristas del GAL y que la ley se ajuste exclusivamente a la perspectiva de los parámetros internacionales, en la línea en la que ya lo han hecho otras democracias avanzadas como Reino Unido, Italia y Alemania.

Aunque aún no hay una fecha para la conclusión de los trabajos, el compromiso del PSOE es que la nueva ley entre en vigor antes de que termine la legislatura, en noviembre de 2023.