Algo más de los 90 años después de su fundación, la orden
religiosa más influyente de España
se resiste a perder sus puestos clave en la estructura política, económica y
empresarial de este país. Gracias a una férrea organización interna, siguen
funcionando como uno de los lobbies
más importantes del Estado.
López Bravo, López de Letona, López Rodo, ministros del Opus Dei en los gobiernos del general Franco. |
El Opus Dei es
sinónimo de poder, influencia y, al mismo tiempo, de hermetismo. No es muy
habitual, como ya se ha escrito aquí, que numerarios o supernumerarios hagan pública
su condición de miembros de la Obra.
El mejor ejemplo está en las filas del Partido Popular, el partido político que más representantes de la Obra acoge. Sin embargo, también hay
miembros en formaciones ubicadas en otros partidos, como es el caso de la
antigua Convergencia Democrática de
Catalunya o de Eusko Alkartasuna,
ahora integrada en EH Bildu.
Amparados en ese silencio, los integrantes de esta
institución ultraconservadora de la Iglesia
Católica se dedican a desarrollar las tareas propias de un grupo de presión.
Hoy continúan en los consejos de dirección de grandes empresas, e incluso
mantienen la presidencia en importantes bancos, como por ejemplo Isidro
Fainé, considerado próximo al Opus,
que sigue al frente de la Fundación La
Caixa. La familia Botín, propietaria del Santander, también tiene importantes vínculos con la prelatura.
Además es posible encontrar a miembros del Opus Dei en los principales ámbitos
judiciales del país. Fiscales, abogados del Estado o magistrados del Tribunal
Constitucional son algunos de los cargos que han alcanzado distintos
juristas que se confiesan seguidores de Escrivá
de Balaguer. Si bien la red continúa
activa, el lobby que representa el Opus se enfrenta ahora un problema
biológico, sus integrantes se van haciendo mayores y no se observa una clara
línea de renovación en su seno, sobre todo por la ausencia de nuevas
vocaciones.
El escándalo Matesa
quizá fuera la espoleta que hizo estallar la relación del franquismo con el Opus Dei. En los gobiernos de Franco, entre 1957 y 1975, hubo más de
media docena de ministros ligados al
Opus, con nombres tan conocidos como Mariano
Navarro Rubio, Hacienda; Alberto Ullastres,
Comercio; Gregorio López Bravo,
Industria y Exteriores; Juan José
Espinosa, Hacienda; Faustino García
Moncó, Comercio; Laureano López Rodó,
Plan de Desarrollo; Vicente Mortes,
Vivienda y Fernando Herrero Tejedor,
Movimiento. La mayoría de ellos agrupados bajo el nombre de tecnócratas.
Manuel Fraga
aprovechó la vinculación de Vilá Reyes,
consejero delegado de Matesa, al Opus Dei, aunque siempre dijo no ser miembro, y a los ministros económicos que
pertenecían a la organización para saltar a la yugular de sus adversarios
políticos. El proceso tomó cuerpo tras un Consejo
de Ministros celebrado en A Coruña
el 14 de agosto de 1969 tras el que se destituyó a los responsables del BCI y se ordenó una comisión de
investigación en las Cortes.
Lo que el impetuoso político gallego no imaginaba es que,
meses después, el 29 de octubre, el caso iba a suponer su salida del Ejecutivo en una maniobra muy a la
gallega de Franco, quien tiró por la
calle del medio y reformó de arriba abajo el Gabinete con la sustitución de 13 de los 18 ministros. Pagaron los
que habían sido desleales (los llamados azules)
y los que se equivocaron (los denominados tecnócratas)
según el testimonio de un testigo que
vivió los acontecimientos de cerca.
Aunque, sin embargo, el espíritu del Opus Dei ha estado presente hasta la actualidad en la vida
española. El 26 de febrero de 2017 el
digital Público presentó una lista con 74 nombres relevantes
de este grupo ultra católico en España.
Entre ellos, Luis de Guindos, exministro de Economía; Jorge Fernández Díaz, exministro de Interior; Federico Trillo, exministro de Defensa y exembajador en Londres; Fernando Martí, presidente del Consejo de Seguridad Nuclear; Juan
Cotino, expresidente de las cortes valencianas y José Manuel Romay Beccaría, expresidente y letrado del Consejo de Estado.
Además de Isabel
Tocino, exministra de Medio Ambiente entre 1996 y 2000 y miembro del consejo
de administración de Ence y Enagás; Arsenio
Fernández Mesa, exdirector general de la Guardia Civil y ahora consejero de
Red Eléctrica; Ignacio Cosidó, exdirector
general de la Policía; Carlos Aragonés,
ex jefe de gabinete de José María Aznar
y actual diputado por Madrid; Andrés Ollero, catedrático y magistrado
del Tribunal Constitucional; y el ya fallecido Jesús Cardenal, exfiscal general del Estado; y así hasta cerca del
centenar de nombres conocidos en todos los ámbitos.
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